El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, lamenta la actitud de confrontación y provocación del Gobierno Chileno que se refleja continuamente en las declaraciones de sus autoridades, en esta oportunidad en el comunicado de la cancillería chilena de fecha 19 de julio del 2016.
Al respecto, se señala que la visita del Canciller David Choquehuanca y su comitiva a los puertos de Antofagasta y Arica se enmarcó en el espíritu de amistad y hermandad que guía las relaciones del Gobierno de Bolivia con los pueblos y naciones del mundo, tuvo como objetivo conocer las dificultades y acercar soluciones a los distintos problemas que enfrenta el Comercio Exterior Boliviano en su tránsito por Chile. Durante la visita, la Comitiva encabezada por el Canciller Choquehuanca pudo sentir en el pueblo milenario Aymara de Putre, la ciudad de Arica y la ciudad de Antofagasta, el mismo espíritu de hermandad e integración, que motivó la visita de la comitiva boliviana.
El Gobierno de Chile falta una vez más a la verdad, al señalar que la Comitiva encabezada por el Canciller Choquehuanca se negó a realizar los trámites de inmigración, tal como pudieron verificar los medios de comunicación que se encontraban en Chungará, tanto el canciller Choquehuanca como su comitiva, realizaron pacientemente los trámites inmigratorios chilenos, respetando las largas filas producto de la falta de personal chileno para atender a los transportistas y turistas bolivianos.
El trámite de inmigración fue realizado por la comitiva como cualquier otro ciudadano del MERCOSUR, presentando su pasaporte o cédula de identidad y obteniendo un sello y la tarjeta migratoria emitida por la Policía de Investigaciones de Chile – PDI.
Respecto a la afirmación de que la Comitiva boliviana intentó negarse a cumplir con las normas de control fitosanitario que impone el gobierno de Chile, se señala que pese a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, Artículo 50 respecto a “franquicia aduanera y exención de inspección aduanera” y lo establecido en el Artículo 31 parágrafo 4, que indica “los locales consulares, sus muebles, los bienes de la oficina consular y sus medios de transporte, no podrán ser objeto de ninguna requisa, se permitió la revisión del equipaje así como la revisión y el ingreso de canes a los automóviles de la comitiva, en el caso del vehículo que transportaba al canciller de Bolivia, él en persona manifestó su sorpresa por el desconocimiento de la normativa internacional a la funcionaria del SAG, aclarándole que si deseaba realizar la inspección prosiga pero comunicándole su disconformidad con este desconocimiento.
Respecto a las afirmaciones del Comunicado de la cancillería de Chile, respecto a que el Canciller de Bolivia trató de forzar su entrada al puerto sin respetar la reglamentación de éste y sin que se hubiese formulado oportunamente la solicitud de ingreso correspondiente, cabe señalar que en fecha 13 de julio, de manera oportuna Bolivia comunicó a la cancillería de Chile que se realizaría la referida visita, adicionalmente el 15 de julio ASP-B notifico a la Empresa Portuaria de Arica – EPA, sobre la realización de la visita a la Terminal Portuaria. El 18 de julio de 2016, la comitiva se desplazó al puerto de Arica y como varios medios de comunicación pudieron atestiguar, la comitiva presidida por el canciller Choquehuanca no pudo ingresar a esas instalaciones debido a que personal del operador privado “Terminal Portuaria de Arica”, manifestó cumplir instrucciones de la cancillería chilena de no permitir el ingreso de la delegación boliviana a la terminal portuaria.
Tal como pudieron comprobar los medios de comunicación presentes en el puerto, tanto el Canciller como su Comitiva aguardaron pacientemente por más de 6 horas, de pie y en un espacio de 3 metros cuadrados, sin la mínima cortesía o consideración por parte de los funcionarios del TPA.
Resulta obvio que la negativa al ingreso de la comitiva boliviana, lejos de “no generar interferencia con las faenas y que permitiese el desplazamiento seguro de las visitas”, tuvo el objetivo de ganar tiempo para cubrir parte de la soya que se encuentra a la intemperie, cancelar las más de 50 faenas solicitadas por ASP-B en horas de la tarde, suspender los aforos a la carga de exportación boliviana y de realizar reparaciones y arreglos de último momento en la Terminal Portuaria.
El retraso para permitir el ingreso a la comitiva encabezada por el canciller de Bolivia, revela la evidente intención del gobierno de Chile, de no abordar y encubrir las graves violaciones al derecho al más amplio y libre tránsito que debería gozar Bolivia, consignado en el Tratado de 1904 y acuerdos posteriores.
Respecto a los argumentos para justificar los atropellos al comercio exterior boliviano en el Comunicado de la cancillería de Chile se señala lo siguiente:
– La Declaración de Arica de 1953 establece que “cualquiera que sea el recinto en el que se deposite la carga boliviana, se considerará también recinto aduanero boliviano”. Por tanto al ser considerados los depósitos y almacenes ubicados en el puerto de Arica recinto aduanero boliviano, las autoridades bolivianas tienen el derecho de ingresar con total libertad, no siendo en absoluto aceptable que una empresa privada por instrucciones de la cancillería chilena impida el acceso.
– Por tanto, resulta insólito que el gobierno de Chile, pretenda justificar su negativa a que autoridades bolivianas ingresen a recintos aduaneros bolivianos con la justificación de que esto no está expresamente señalado en el tratado de 1904.
– Obstaculizar el ingreso de autoridades bolivianas para verificar y visitar oficinas y recintos aduaneros bolivianos, es un flagrante incumplimiento a los acuerdos suscritos con Bolivia a la luz del Derecho Internacional.
– El Gobierno de Chile pretende desconocer los distintos acuerdos arribados en el marco del Sistema Integrado de Tránsito (SIT) entre Bolivia y Chile, entre ellos de acordar las tarifas por servicios prestados a la carga boliviana, en cumplimiento al Artículo 6 del Tratado de 1904 que indica que “Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico” además que “Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar” este propósito.
– El Gobierno de Chile disfraza de generosas concesiones unilaterales las pobres compensaciones al brutal cercenamiento de territorio del que fue víctima Bolivia, obligaciones que sistemáticamente incumple.
– Se señala enfáticamente que Bolivia no renunciará a ningún derecho y rechaza la imposición de nuevas tarifas que no sean acordadas con Bolivia, para lo cual reitera su propuesta de que tanto la CEPAL como ALADI, puedan proponer un sistema automático de reajuste de tarifas, que se base en variables económicas que inciden efectivamente en los costos y no en criterios discrecionales como pretende el Gobierno de Chile.
– Respecto al reclamo de pago por parte de ASP – B, se señala que existen problemas sobreprecios en estas facturas y una vez efectuadas las correcciones y conciliaciones respectivas éstas se cancelarán. Cabe aclarar que la deuda a la que hace referencia el comunicado de Chile corresponde a facturas que han sido entregadas en los últimos 60 días.
– Si bien las facilidades de almacenamiento a las que se refiere Chile, no se encuentran consignadas en el Tratado de 1904, estas se otorgaron con posterioridad a Bolivia para poder operativizar los compromisos de libre tránsito que emergen de ese Tratado y fueron comprometidas mediante instrumentos de la misma jerarquía normativa que el Tratado de 1904, por tanto son exigibles por Bolivia.
– El Artículo 12 de la Convención de Tráfico Comercial de 1912, claramente señala que “Las mercaderías en tránsito a Bolivia que tengan que ingresar a los almacenes de Aduana, quedan exoneradas del pago de almacenaje en las aduanas chilenas, no pudiendo aquéllas permanecer en almacenes un tiempo mayor de un año”.
– La excusa del gobierno chileno para incumplir este compromiso son “las demoras de los usuarios”, siendo que los usuarios tienen hasta un año según la Convención de Tráfico Comercial para retirar sus mercancías.
– Chile tiene la obligación de realizar las inversiones necesarias que aseguren el cumplimiento de sus compromisos, estos compromisos internacionales fueron transferidos a empresas privadas, estas empresas priorizan sus ganancias antes de brindar servicios e inversiones que abastezcan la demanda de Bolivia. La empresa TPA tiene una rentabilidad financiera del 24%, es decir en un año sus utilidades generaron lo equivalente a la cuarta parte de su patrimonio.
– TPA generó utilidades que superan los treinta millones de dólares según el Estado de Resultados de la gestión 2015, siendo que el 90% de sus ingresos corresponden a pagos por operar carga boliviana.
– Bolivia ha ofrecido realizar inversiones pero Chile lo prohíbe, prefiriendo que una empresa privada lucre a costa de la injusta situación de mediterraneidad a la que se somete a Bolivia.
– El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y defiende la vida en todas sus formas y establece obligaciones y deberes del Estado y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. La Ley de Derechos de la Madre Tierra establece el Derecho a vivir libre de contaminación, entendido como la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas.
– Respecto a los riesgos para la vida producto de manipular minerales en un puerto que quedo en medio de la ciudad de Antofagasta, se exige al Gobierno de Chile que otorgue las condiciones adecuadas para que Bolivia pueda ejercer su derecho al libre tránsito, a través de puertos que no atenten contra la vida y la salud de las personas.
– Lastimosamente el Gobierno Chileno en los últimos años solo se ha limitado a imponer condiciones a la carga boliviana de manera discriminatoria e incumpliendo su obligación de acordar con Bolivia las medidas que afecten su derecho al libre tránsito, protegiendo las millonarias ganancias de la empresa ATI, antes de otorgar a Bolivia un puerto fuera de la ciudad para exportar sus minerales, tal como lo hizo con varias empresas mineras.
– El Gobierno de Bolivia ofreció la posibilidad de invertir en un puerto que no ponga en riesgo la salud de las personas, sin embargo Chile no permite la inversión estatal boliviana, otra vez privilegiando el lucro de algunas empresas privadas antes de honrar sus compromisos internacionales.
– Cabe aclarar además que la carga boliviana solo representa el 10% de lo que se exporta por el puerto de Antofagasta y a diferencia de los minerales chilenos no contiene arsénico que es la causa principal de la contaminación en Antofagasta, por otra parte no se acopia concentrados de plomo en el puerto.
– El gobierno de Chile afirma que “está plenamente facultado bajo el Derecho Internacional para aplicar normas de seguridad en el transporte por carretera a transportistas”, al respecto se recuerda que Chile se comprometió acordar cualquier medida que afecte el libre tránsito a Bolivia en “Actos Especiales”, por tanto, la imposición de “normas de seguridad en el transporte por carretera” para el transporte de carga de ultramar boliviana, debe ser obligatoriamente acordada con Bolivia.
– El arbitrario cierre de garajes y las condiciones a las que se obliga a trabajar a los transportistas bolivianos, significan una clara vulneración a los derechos humanos de estas personas, que a su vez vulneran la propia constitución política del estado Chileno que señala en su Artículo 5 que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
– Mas deplorable aún es el accionar de las autoridades chilenas, al haber comprobado en la visita al Puerto de Arica que el cierre de garajes se dio de forma discriminatoria, cerrando garajes de compatriotas bolivianos y dejando abiertos otros garajes que se encuentran en iguales o peores condiciones.
Tal como lo manifestó el Canciller de Bolivia, la visita al puerto de Arica y al puerto de Antofagasta, no fue la primera vez que se realizó por parte de autoridades bolivianas. Muchos de los atropellos que se comprobaron en esta última visita fueron presentados tanto en el Marco del dialogo recomendado por el Comité de Representantes de ALADI y a través del Consulado General de Chile en La Paz, lastimosamente hasta la fecha el Gobierno de Chile no aborda los problemas planteados y no emite respuestas satisfactorias. La visita de la Comitiva permitió corroborar las denuncias presentadas y sistematizar los varios incumplimientos y atropellos contra Bolivia.
El anuncio del Gobierno de Chile de iniciar los trámites previstos en la Constitución para denunciar el Acuerdo entre Chile y Bolivia sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicios de 1995, se constituye en una represalia contra Bolivia al haberse comprobado y revelado a la opinión publica los abusos y atropellos que debe enfrentar el comercio exterior y el pueblo boliviano por parte del gobierno de Chile.
Este accionar demuestra una vez más el burdo uso político y mediático que realiza el gobierno de Chile en sus relaciones con Bolivia, esta clase de agresiones solo revelan la falta de voluntad del gobierno chileno de buscar soluciones y cumplir sus compromisos.
Pese a que el referido acuerdo establece condiciones reciprocas de otorgación de visas diplomáticas, recogiendo los sentimientos de hermandad y deseos de mayor integración de nuestros pueblos, el gobierno boliviano tal como anuncio el presidente Morales, decidió soberanamente no exigir visa diplomática a autoridades y funcionarios públicos de la República de Chile para su ingreso a Bolivia, absteniéndose Bolivia de emprender acciones como las anunciadas por Chile que solo ponen más obstáculos y alejan las posibilidades de profundizar el diálogo, la integración, la confianza mutua y estrechar los lazos que unen a dos pueblos hermanos.
El Gobierno de Bolivia lamenta que el Gobierno de Chile, en vez de edificar la paz y construir puentes con Bolivia conspire contra todo intento boliviano por abordar y dar solución a los graves problemas que enfrenta el Comercio Exterior en su tránsito por Chile y que afecta el derecho al desarrollo que goza nuestro pueblo.
La Paz, 22 de julio de 2016
