La decisión del gobierno de facto de Jeanine Áñez de imponer la “tarifa cero” para despachos directos benefició a un reducido grupo de empresarios y generó un daño económico al Estado de más de Bs 2,8 millones, según el análisis del diputado y presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, Omar Yujra.
Cuestionó que en el régimen de Áñez se haya priorizado favorecer a un reducido grupo empresarial en contra de los intereses del Estado, según una nota de prensa.
Se refirió de esta manera a la postura de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que promueve el retorno a la “tarifa cero” para despachos directos por el puerto chileno de Arica que se aprobó en febrero del 2020 y se dejó sin efecto en junio de este año, retornando a la vigente y legal disposición que regía anteriormente y que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Estos privilegios otorgados por el régimen de Áñez fueron criticados por el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien consideró que todos deben pagar un precio justo por los servicios que presta la estatal ASP-B y no beneficiarse con la gratuidad.
Según el asambleísta Yujra, en más de 16 meses los empresarios exportadores e importadores se beneficiaron con la “tarifa cero” y el Estado dejó de percibir cerca de Bs 3 millones.
Por su lado, la estatal ASP-B, en un comunicado que fue publicado el lunes 26 en sus redes sociales, establece que todo servicio implica su costo, por lo que no se puede “subsidiar” la atención integral a la carga en tránsito desde su recepción hasta su despacho.
En consecuencia, se decidió aplicar la norma anterior que establece cobros respectivos, mientras se dilucida este tema en el Tribunal Constitucional.
Ese pronunciamiento se manifestó ante la insistencia de Gustavo Jáuregui en representación de Cámara Nacional de Comercio de volver a la “tarifa cero” con argumentos que benefician a un solo sector.
“Se realiza esta aclaración ante las declaraciones realizadas por uno de los ejecutivos de la Cámara Nacional de Comercio en el sentido de que las decisiones de la ASP-B restan competitividad al comercio exterior, no obstante, que es de conocimiento público el hecho de que la “tarifa cero” se constituye en una decisión inconstitucional”, expresa el documento.
El Estado perdió la suma de Bs 2,8 millones ($us 404.920) ya que ese dinero recaudado por el servicio logístico en Puerto de Arica, donde 9.480 camiones ingresaron al país sin dejar ni un centavo para el Estado.
En el marco de cuidar los intereses del comercio exterior boliviano, la empresa estratégica ASP-B, dirigida por su ejecutivo, Dante Justiniano, confirmó que reanudará este jueves en Arica las negociaciones con la Empresa Portuaria Arica (EPA) para definir descuentos tarifarios en ese puerto chileno.
MCM / Agencia Boliviana de Información
